La directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, María Luz Gajardo Salazar, presentó esta mañana formalmente una denuncia ante la Fiscalía Regional debido a casos de maltrato a funcionarios de esta institución. Los hechos involucraron a tres funcionarios que fueron víctimas de amenazas y agresiones tanto físicas como verbales por parte de un beneficiario de un subsidio de reconstrucción de la comuna de Tomé.

Tras poner la denuncia, la directora del Serviu, afirmó que “lo que hay que señalar en primer lugar es que lo que conocemos como Ley Karin es una norma legal que modifica el Código del Trabajo para prevenir y sancionar el acoso laboral, también tiene esta parte, donde no solo hay que proteger los derechos y el acoso a que puedan ser sometidas entre funcionarios, sino que también a la violencia que pueda ser ejercida sobre o nuestros funcionarios y funcionarias del servicio con ocasión del desarrollo de su trabajo y de sus labores propias. Lo que hoy hemos decidido, después de analizarlo con nuestro equipo jurídico, es poner en antecedente las acciones que un tercero, una persona que se relaciona con el Serviu, que es una persona que solicita un subsidio, ha cometido actos de violencia y de acoso contra tres de nuestros trabajadores”.

“Nos parece que es parte de nuestra obligación como funcionarios públicos el poner en conocimiento a la Fiscalía este tipo de situaciones, porque nosotros no podemos aceptar que nuestros funcionarios y funcionarias, en razón de su trabajo y despliegue en terreno sufran acciones de violencia. Así que lo que hoy hemos venido a decir es que no lo vamos a tolerar, que lo vamos a perseguir y que tenemos las armas legales gracias a la Ley Karin, la ley 21.643, que nos permite representar esas acciones”, agregó.

El Servicio de Vivienda y Urbanización, en su compromiso con la protección de sus trabajadores, tiene la obligación de garantizar que todos los funcionarios y funcionarias puedan desempeñar sus labores en un entorno libre de violencia, resguardando tanto su integridad física como emocional.

La violencia en el trabajo ejercida por terceros, tales como clientes, proveedores o usuarios, afecta directamente a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones y puede constituir un delito. En este caso, además del maltrato físico y verbal, los funcionarios involucrados fueron objeto de calumnias, a través de redes sociales, lo que ha exacerbado la situación.

En este sentido, el Servicio de Vivienda y Urbanización reitera que, como organismo público, tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas y de respeto tanto para sus usuarios como para sus trabajadores.