El Intendente de la Región de Biobío, Jorge Ulloa, el Seremi de Vivienda y Urbanismo en la zona, Emilio Armstrong Soto y el director de Serviu, Juan Pablo González, explicaron los alcances del proyecto de ley de Integración Social y Urbana presentado este  lunes por el Presidente de la República, Sebastián Piñera,  que transforma al Minvu en el nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda, que entre sus atribuciones y principales tareas está la de promover la construcción de viviendas con integración social a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano.

Las autoridades regionales presentaron la iniciativa que contiene cuatro pilares centrales: nuevas atribuciones a la cartera, la densificación en zonas de desarrollo urbano; una nueva política de “arriendo protegido, y mayor fiscalización y modificación a las prohibiciones a viviendas sociales.

“Tenemos buenas noticias que se traducen en el envío a trámite legislativo por parte del Presidente Piñera de una idea que no solo aplaudimos, sino que creemos que es absolutamente necesaria y se trata de un proyecto que busca integrar en materia de vivienda y urbanismo porque no queremos seguir siendo parte de una sociedad que va segregando. La iniciativa busca que se desarrollen áreas de gran conectividad y plusvalía urbana donde podamos contar con viviendas que incluyan a sectores vulnerables y sectores medios ya que nos interesa que la integración sea una realidad y eso significa también buscar zonas de integración urbana, facilitando que los planos reguladores puedan contar con este tipo de zonas que nos permita mejorar la manera de compartir una ciudad con nuestros compatriotas”, afirmó el Intendente de Biobío, Jorge Ulloa.

El proyecto de ley de Integración Social y Urbana crea las “Zonas de Integración Urbanas” que son espacios en los que —pese a tener un plan regulador restrictivo que no permita la densificación— se establecerán beneficios normativos que podrán aplicarse siempre que sea para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas. Aquí también se incentivará los usos mixtos, es decir, además de viviendas se buscará generar servicios, equipamiento, parques u otros espacios que se estimen necesarios para cualquier área de la zona decretada.

Además, la iniciativa faculta a los planes reguladores intercomunales para que también puedan establecer Zonas de Integración Urbana. Los beneficios de norma urbanística relacionados con Zonas de Integración Urbana definidas en el plan regulador intercomunal predominarán sobre las normas generales de un plan regulador comunal.

“Se ha presentado este proyecto de ley que lo que pretende es profundizar la integración social de las ciudades donde incorpora un cambio de nombre a Ministerio de Ciudad y Vivienda donde la ciudad, su planificación y desarrollo incida fuertemente en la calidad de vida de todos los vecinos. Donde más ha tenido inversiones el Estado como corredores de transporte público se pueda densificar más, de manera que esa inversión tenga una retribución a la sociedad. Este proyecto de ley permite que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueda definir zonas de integración urbana obteniendo beneficios normativos que vinculen a los proyectos de integración social, es decir,  evitar que se desarrollen en la periferia y los beneficiarios tengan un mejor acceso a los servicios  de forma más expedita. En el caso de nuestra zona, hemos estado haciendo estudios para poder determinar cuáles serían las mejores zonas, por ejemplo, en el Gran Concepción y definirlas en el corto plazo para tener estos proyectos de integración bajo estas nuevas condiciones”, explicó el Seremi de Vivienda y Urbanismo en la zona, Emilio Armstrong Soto.

Frente al déficit habitacional cuantitativo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció una nueva política que impulsa la construcción de viviendas para el “Arriendo Protegido”. Se trata de propiedades que serán construidas y administradas por entes privados para ser habitadas por beneficiarios de subsidios de arriendo.

“Hoy tenemos 3 mil 300 familias que acaban de ser beneficiadas con subsidios de integración social en la Región que permite que en un mismo conjunto puedan convivir familias vulnerables con otras que tienen mejor condición económica y esa mezcla genera un desarrollo de proyectos de mejor calidad emplazados en mejores sectores. También hay una buena noticia respecto a una nueva política de arriendo protegido que a través de un modelo de concesión donde los privados se acerquen y desarrollen proyectos inmobiliarios y que estas viviendas sean arrendadas a personas que tengan el beneficio de subsidio de arriendo lo que generará una movilidad social en el corto plazo  y es lo que contiene este nuevo proyecto de ley”, aseguró el director de Serviu, Juan Pablo González.

Para llevarla a cabo, se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí.

Por último, y como parte de este proyecto de ley, se fortalecerá la fiscalización de viviendas obtenidas con subsidios, que están desocupadas o están siendo utilizadas para fines distintos a los acordados. En paralelo, en el proyecto se establecen excepciones al plazo de prohibición de venta de una vivienda que haya sido objeto de subsidio, que actualmente es de 5 años o más, dependiendo del subsidio recibido.